¿Hasta qué punto la opinión del ministro de Justicia puede influir en una sentencia del Tribunal Constitucional? La pregunta se plantea a raíz de las declaraciones de Ruiz Gallardón a propósito del cambio en el código civil que suprime la diferencia sexual como nota constitutiva del matrimonio. Recordemos que el Partido Popular decidió recurrir al alto tribunal por considerar que dicho cambio no encajaba en la Constitución. En opinión del ministro esta norma no vulnera el ordenamiento constitucional, con el añadido poco afortunado de que solo emitía un “pronóstico”, como si ya adelantase el sentido de la sentencia. Otros ministros han recordado que el PP planteó una enmienda de totalidad y recurrió al Constitucional porque evidentemente pensaba que dicho cambio no se ajustaba a nuestra Carta Magna. Pero la opinión de Gallardón no deja de tener su importancia, cuando los magistrados que llevan más de cinco años enredados con el tema.
En todo caso conviene recordar que así como el Gobierno de Zapatero aprobó ésta y otras leyes que han dividido profundamente a la sociedad, sin recabar apoyo alguno a la entonces oposición del PP, el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy está perfectamente legitimado para legislar en sentido contrario. Mientras tanto, lo que el buen juicio aconseja es dejar en libertad al Tribunal, sin emitir opiniones que puedan interferir en sus deliberaciones, centradas en lo que dispone el artículo 32 de la Constitución sobre el matrimonio: que el hombre y la mujer tienen derecho a contraerlo en condiciones de igualdad jurídica.
